Ante la denuncia penal por exacción (exigencia de pago ilegal) que recibió el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, el mismo realizó este martes su descargo a través de La Tele y Última Hora, señalando que los cobros a los objetores de conciencia, en caso de no haber realizado el Servicio Militar Obligatorio (SMO), se realizaron conforme a la Ley 4013/10.
Asimismo, detalló que la normativa fue resuelta por el senador del Frente Guasu, Jorge Querey; el representante de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; representantes ante el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia; representantes de los objetores, liderados por Cristhian Añazco, y representantes de la milicia.
Manifestó, además, que un audio que circuló, en el que se lo escucha diciendo que recibirían el dinero, corresponde a una reunión pública que mantuvo con funcionarios de la Dirección de Objeción de Conciencia de la Defensoría del Pueblo y afirmó que el material incluso “fue editado”.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“Ese fue un video que se hizo con todos los funcionarios en una reunión pública que tuvimos. La ley especial establece que el pago que se hace cuando uno decide ser objetor va (a una cuenta) al Banco Nacional de Fomento (BNF), luego (se transfiere) al Ministerio de Hacienda. (Esto) fue resuelto por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia. Y cuando digo que ‘es para nosotros’, me refiero a la institución”, enfatizó el defensor.
Godoy indicó que, en caso de que sea cierto la acusación de la abogada Diana Vargas, serían varias personas las que deberían estar presas, como Querey, Latorre, los miembros del Consejo, los asesores jurídicos y hasta los titulares del BNF y Hacienda.
“Su denuncia lo único que buscó es un golpe mediático. Es gravísimo que acuda a la Fiscalía a hacer eso. La ley establece de manera clara, y yo no recaudé G. 2.000 millones. Esto va al Banco Nacional de Fomento (BNF), (luego) al Ministerio de Hacienda y después de un año, va al Presupuesto General de la Nación (PGN)”, añadió.
Puntualizó que la ley 4013/10 fue reglamentada y que, para ello, mantuvieron 20 reuniones en el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, las cuales fueron socializadas con los medios. “La prensa tenía acceso a todos los documentos. No es que no se reglamentó, por eso no tiene sentido la denuncia”, finalizó.
La abogada especialista en Derechos Humanos, Diana Vargas, presentó este martes una denuncia penal contra el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, por el supuesto delito de exacción, cuya expectativa de pena establecida en el Código Penal es de hasta 10 años de cárcel.
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La profesional del derecho argumentó que el funcionario cobró compulsivamente a unos 4.000 objetores de conciencia, desde el 2019, sin estar habilitado legalmente para hacerlo.
La denuncia refiere que Miguel Godoy se aprovechó del desconocimiento y la desesperación de personas que deben presentar el certificado de objetor para acceder a un puesto de trabajo y otras gestiones.
Además de ello, el defensor del Pueblo comenzó a ser blanco de críticas en los últimos días, después de que se presentara una denuncia pública en su contra sobre supuestos maltratos e irregularidades en la Defensoría del Pública, así como se lo señaló por supuestamente utilizar a una funcionaria para desempeñarse como empleada doméstica en su vivienda.
