05 feb. 2025

Millonaria multa a Ochsi por la descarga ilegal de efluentes al arroyo San Lorenzo

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) sancionó a la firma Novex SA, más conocida como Ochsi, a pagar una multa de más G. 1.600 millones por la descarga de efluentes sin tratamiento al arroyo San Lorenzo.

Ochsi2.jpg

La Dirección de Asesoría Jurídica del Mades concluyó el sumario administrativo abierto contra la firma Novex SA tras el accidente laboral que se registró el pasado 7 de febrero dentro de las instalaciones de la fábrica de embutidos Ochsi, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, Central.

Por infracción gravísima del artículo 11 de la Ley 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental, resolvió sancionar a la empresa al pago de una multa equivalente a 15.000 jornales mínimos, que representa la cifra total de G. 1.614.405.000.

El equipo del Mades constató que efluentes crudos sin tratamiento previo eran vertidos al arroyo San Lorenzo, a través de cañerías conectadas directamente al cauce hídrico.

Los efluentes eran depositados en cuatro tanques de fibra de vidrio, con una capacidad de 45.000 litros cada uno, interconectados ente sí, “por lo que el daño que se causó y podría seguir causándo es de grandes proporciones”.

Asimismo, el Mades dio a Novex SA un plazo de 10 días hábiles para la cancelación de la sanción; de lo contrario, serán aplicadas otras penalizaciones establecidas en la Ley 1.561/00, que crea el Sistema Nacional del Ambiente.

Puede interesarle: Muere cuarto trabajador tras la fuga de gas amoníaco en la fábrica de Ochsi

Otra exigencia que deberá cumplir la firma tiene que ver con la presentación de un plan de adecuación con las medidas correctivas en el tratamiento de efluentes ante la Dirección General de Control de Calidad Ambiental y la Dirección de Asesoría Jurídica.

El Ministerio Público incluso imputó el pasado mayo a Cristine Vogel Diedrich, representante de la empresa Novex SA, por procesamiento ilícito de desechos en San Lorenzo.

Fuga de amoníaco

El Mades procedió a la apertura de un sumario administrativo a la firma tras la explosión de un cilindro cargado con amoníaco ocurrió en horas de la tarde del pasado 7 de febrero y provocó destrozos en un radio aproximado de 10 metros.

Como consecuencia del contacto con gas tóxico, 33 trabajadores tuvieron que ser internados en distintos centros asistenciales, de los cuales 15 permanecieron varias semanas en terapia intensiva por la gravedad de sus cuadros.

También puede leer: El amoníaco: ¿Qué es y cómo se usa en las industrias y hogares?

La fuga se cobró la vida de cuatro funcionarios: Gustavo Notario, Nelson Vera, Sergio González y Elías Salinas.

Si bien aún falta el resultado del peritaje, la hipótesis que se maneja hasta el momento es que la explosión fue a causa de que el cilindro no resistió la presión de la carga, por la alta temperatura del lugar.

Más contenido de esta sección
Un hombre de 41 años resultó herido de bala en el muslo tras una pelea con su hermano, mientras trabajaban en su chacra. El presunto autor fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.
Cocineras del Mercadito 1 advirtieron que los precios del menú que ofrecen podrían sufrir variaciones a la alza, frente al aumento de los precios de la materia prima de los tradicionales platillos.
Bomberos voluntarios controlaron un incendio de gran magnitud en la ciudad de Arroyos y Esteros, en el Departamento de Cordillera.
El examen de correspondencia a los bienes del diputado Orlando Arévalo, anunciado en el 2023, no se concretó; pero, luego de conocerse fotografías de transferencias bancarias y cheques en un presunto caso de corrupción pública, su declaración jurada ha vuelto a llamar la atención de la Contraloría.
La diputada Rocío Vallejo inició la redacción del libelo acusatorio contra su colega Orlando Arévalo (ANR-HC), cuya figura política fue implicada en un presunto esquema de corrupción pública en el Jurando de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
El caso Metrobús sigue sin avanzar en los estrados judiciales; esta vez, porque tres fiscales solicitaron suspender la audiencia preliminar para dos acusados, relacionados en el presunto perjuicio de G. 180.030.528.699 al Estado paraguayo.