Mediante un video publicado en sus redes sociales, el presidente de la República, Santiago Peña, anunció este martes que envió al Congreso Nacional un proyecto de ley “por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”, que tiene como fin “reactivar sectores claves para nuestra economía y el bienestar de los paraguayos”.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo principal es atender a los sectores “golpeados” por las deudas del Gobierno anterior con los sectores de la construcción y de la salud, que se “heredó” de la administración de Mario Abdo Benítez.
“Este Gobierno prioriza el bienestar de las personas, poniendo orden en las finanzas públicas. Por eso, ante las múltiples deudas heredadas de la administración anterior, mayoritariamente, con los sectores de la construcción y de la salud, estoy enviando un proyecto de ley al Congreso Nacional para la reactivación de los mismos”, expresó en el material.
Con el fin de ordenar las finanzas públicas y reactivar sectores claves para nuestra economía y el bienestar de los paraguayos, envié al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley «Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas». pic.twitter.com/MfXaHa2YFA
— Santiago Peña (@SantiPenap) September 12, 2023
Si bien aún no se dieron a conocer mayores detalles sobre qué implicarían las medidas, sostuvo que con ellas se daría “una solución” a dichos rubros que fueron afectados ante el incumplimiento del Gobierno, lo que, a su vez, provocó que se perdieran empleos en sectores vulnerables y el desabastecimiento de medicamentos.
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“Esta medida responde al firme compromiso de llevar adelante un gobierno ordenado y responsable con soluciones pensadas en el bienestar de todos los paraguayos para lograr sin retraso el país que todos queremos”, acotó.
De acuerdo con lo que coincidieron economistas ante la asunción de Peña al frente del Ejecutivo, entre los primeros desafíos que deberá resolver está el de buscar recursos para saldar las deudas impagas con los proveedores del Estado, como las farmacéuticas y las empresas viales, que rondan entre USD 400 y 600 millones.