26 feb. 2025

Presidente de banco asegura que Santiago Peña no es accionista ni tiene vínculo societario

El presidente de la República, Santiago Peña, no es accionista de ueno bank y no tiene ningún vinculo societario, aseguraron desde la entidad bancaria de donde el Instituto de Previsión Social (IPS) adquirió bonos financieros por G. 250.000 millones.

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El presidente de la República (d.) no tiene vínculos con banco del que adquirió bonos IPS.

Fotografía de @SantiPenap.

Juan Manuel Gustale, presidente de ueno bank, fue consultado este jueves acerca de la situación del jefe de Estado con relación a la entidad bancaria que preside, ya que en la declaración jurada de bienes de Santiago Peña figura que es accionista en el Ueno Holding Saeca.

“El presidente no es accionista del banco. No tiene ningún vínculo societario con el banco en ningún porcentaje”, afirmó en entrevista con NPY.

El titular de la entidad bancaria explicó que Santiago Peña en realidad tiene acciones de una empresa que se denominaba Credicentro, que era una casa de créditos, adquiridas por él en 2018 a través de una emisión de acciones de una oferta pública.

Nota relacionada: Jubilados denuncian “presión política” tras millonaria compra de bonos por parte de IPS

“Lo que ocurrió en 2022 es que Credicentro, que antes era una casa de créditos, cambió de denominación y se llama Ueno Holding, pero no es el banco. Es una empresa que presta servicio, que no es accionista del banco y viceversa”, garantizó el presidente de ueno bank.

Acotó que sí comparten con dicha firma un accionista mayoritario, que no es Santiago Peña.

El IPS, para diversificar sus inversiones, adquirió bonos de ueno bank por G. 250.000 millones, lo que despertó la atención. La adquisición de la suma incluyó una tasa de interés del 8% anual y un plazo de 7 años, con vencimiento programado para el 9 de setiembre de 2031.

Lea también: ¿Cuál es la explicación del IPS sobre la compra de bonos de G. 250.000 millones?

El director de Inversiones de la previsional, Hugo Díaz, explicó que la operación financiera se realizó dentro de un marco legal y de acuerdo con las disposiciones reglamentarias del instituto, teniendo en cuenta, además, la buena calificación del banco, que es de A+py actualmente.

Desde la Unión Nacional de Jubilados expresaron su preocupación al respecto y denunciaron “presión política” tras la millonaria compra, mientras que a nivel de Estado, la Cámara de Senadores pidió informes por iniciativa de la parlamentaria Esperanza Martínez (FG).

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