La fiscala Patricia Sánchez dijo que sigue investigando la supuesta falsificación de títulos universitarios de los legisladores Hernán Rivas, miembro con permiso del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y Orlando Arévalo, titular del mismo órgano extrapoder.
Están implicadas las universidades Sudamericana y Leonardo Da Vinci. En la primera habría cursado sus estudios Rivas y en la segunda Arévalo.
Esta última casa de estudios sigue sin remitir la documentación que fue requerida por el Ministerio Público y tiene tiempo hasta este jueves para hacerlo.
Lea más: Fiscalía intima a universidades a informar sobre antecedentes de Arévalo y Rivas por títulos dudosos
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppSánchez dijo que el caso es complejo y que requiere de un exhaustivo análisis técnico y jurídico de las normativas que regulan el otorgamiento y el registro de los títulos.
Al respecto, dijo que el delito de producción de documento no auténtico puede darse con la fabricación del documento o por el uso del documento.
Por ello, en contacto con radio Monumental 1080 AM, enfatizó en que “está buscando nutrir los elementos que están configurados en el tipo penal, para ver si se logra la existencia de una conducta típica para formular eventualmente imputación e iniciar formalmente un proceso”.
Respecto a los documentos de la Universidad Sudamericana, puntualizó que remitieron el certificado de estudios, pero que no tiene detalles sobre cuándo aprobó cada materia y quién fue su docente.
Enviaron el año de inscripción y el año de egreso del parlamentario, pero no datos sobre sus compañeros de carrera. Tampoco enviaron datos sobre la sede donde concluyó sus estudios.
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La institución se amparó en la norma universitaria para no decir quiénes fueron los compañeros, docentes y el empeño académico que tuvo Rivas.
“La obligación de guardar documentos no está normada en ningún trato legal que regule la actividad universitaria”, especificó.
El pasado 31 de octubre, la Fiscalía intimó a las universidades, donde cursaron supuestamente la carrera de Derecho los legisladores, para que informen, en un plazo de cinco días, sobre los antecedentes académicos del senador y del diputado.
Ambos están bajo sospecha por supuestos títulos universitarios falsos.
